César Camargo, presidente del Deportes Tolima, defendió su austera política de fichajes, al reafirmar que debe defender los intereses económicos del club - crédito @cdtolima/X
La Superintendencia de Sociedades confirmó en la jornada del viernes 17 de julio que impuso una multa de $75 millones a César Camargo Serrano, presidente y miembro de la junta directiva del Deportes Tolima, y otra de $50 millones a Germán Darío Kairuz, gerente general y también directivo del club, en un hecho que causó fuertes reacciones en las redes sociales; pues se trata de las cabezas visibles de la institición ‘Pijao’.
De acuerdo con la entidad, se comprobó que ambos directivos obstruyeron el derecho de inspección de una accionista del club, de la cual no se conoce la identidad, y desatendieron requerimientos formales de la autoridad. Camargo Serrano también recibió la sanción por incumplir de manera reiterasa órdenes oficiales, de acuerdo con la resolución del caso. Como era de esperarse, las repercusiones mediáticas no se hicieron esperar.
La investigación de la superintendencia estableció que los sancionados restringieron el acceso a documentos clave antes de la asamblea ordinaria de marzo de 2025, al reducir sin justificación el tiempo originalmente concedido para revisar las actas de junta directiva “necesarias para conocer y evaluar asuntos de interés societario”. Aunque se presume que podría ser cercana a Camargo Serrano, no hubo confirmación sobre quién es.
Además, en el caso del presidente, hijo del fallecido exsenador Gabriel Camargo Salamanca, se comprobó “el incumplimiento reiterado de requerimientos relacionados con la entrega de documentos que soportaban una transferencia de acciones”. En ese sentido, las solicitudes de la autoridad no recibieron respuesta completa, lo que afectó el control legal sobre la administración del club, lo que ameritó la sanción.
“La Superintendencia de Sociedades continuará ejerciendo rigurosamente sus funciones de supervisión para proteger los derechos de los asociados, promover el cumplimiento de la ley y fortalecer la transparencia y el gobierno corporativo”, expresó el ente regulador, que reafirmó su compromiso de vigilancia frente a este tipo de conductas, que serían impropias del correcto manejo administrativo que se espera en el rentado criollo.
Contra la determinación, ambos directivos, César Camargo y Germán Darío Kairuz, interpusieron recursos de reposición y apelación, pero la Superintendencia de Sociedades confirmó la sanción tras revisar los argumentos presentados; por lo que tendrán que pagar los montos fijados en esta decisión. En total, serán $125 millones que tendrán que aportar de su propio pecunio, lo que dio pie a toda clase de comentarios de los fanáticos.
Deportes Tolima ya había estado bajo lupa de las entidades del Estado
La actuación de la Superintendencia de Sociedades se produjo en medio del intenso escrutinio que viene haciéndose sobre la gestión interna del club. A finales de 2025, en plena final de la Liga BetPlay, el Ministerio de Trabajo llevó a cabo una inspección a las instalaciones administrativas y deportivas del Deportes Tolima; en el mismo día que el entonces grupo comandado por Lucas González enfrentaría a Junior de Barranquilla.
La visita, efectuada el 11 de diciembre por funcionarios de la cartera, que en su momento causó revuelo mediático respondió a denuncias de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). En ese entonces, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz Cañas, dio a conocer los motivos de esta sorpresiva visita, ordenada por el titular de la cartera, el costeño Antonio Sanguino.
“Hemos realizado una inspección general en la sede del Deportes Tolima por denuncias que hemos recibido por parte de Acolfutpro. La misión del Ministerio de Trabajo, en cabeza de Antonio Sanguino, es hacer que se cumpla la Ley Laboral en todos los puestos de trabajo del país”, señaló la funcionaria. Todo esto, en medio de las críticas hacia Sanguno, hincha de Junior, y lo que sería un evidente conflicto de intereses.
Durante la visita, ordenó la suspensión inmediata de las obras de construcción del nuevo centro de alto rendimiento del club, tras detectar “graves incumplimientos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. En ese caso, el club detalló que ni el club ni la empresa contratista aportaron documentos obligatorios, como procedimientos de trabajo seguro y plan de emergencias y señalización.
