En una decisión que causó controversia en las redes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a Deportes Tolima, y otros 28 clubes más de Primera y Segunda División; además de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y dirigentes de la talla de Fernando Jaramillo, presidente del ente rector; en el caso de presunta cartelización en el FPC.
La SIC, que efectuó una rueda de prensa el viernes 22 de septiembre, abrió investigación contra el 'Vinotinto y Oro' y los demás elencos del rentado nacional, debido al caso en el que se habla de pactos para fijar condiciones irregulares en la Liga Femenina. Así quedó confirmado a través de la resolución 56062 de 2023, por la presunta violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
"Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos", dicta la citada ley.
¿Por qué la SIC formuló pliego de cargos a Deportes Tolima y otros equipos del FPC?
En otras palabras, la SIC encontró mérito para investigar lo que sería el acuerdo de los implicados para limitar o determinar salarios de jugadoras, en lo que respecta a los topes impuestos en la competencia liguera. Todo esto, tras las inspecciones que se llevaron a cabo por la entidad de control en las instalaciones de las diferentes instituciones deportivas objeto de esta formulación de cargos.
"Desde la Dimayor, como entidad encargada de organizar, administrar y reglamentar los campeonatos del fútbol profesional colombiano, se habría discutido la necesidad de contar con un modelo para contratar a las jugadoras que se habría distribuido hacia los clubes de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia", se leyó en la resolución emitida por la SIC.
Para la entidad, es claro que los clubes habrían celebrado contratos con las jugadoras, teniendo en cuenta este modelo restrictivo fijado a través de una tabla de salarios, que tenía una tendencia a reconocer únicamente lo mínimo; en relación con aspectos laborales claves en el desarrollo de la actividad, como el salario y el término de duración de los mismos, que no pasaban de cuatro meses.
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| El 'Vinotinto y Oro' fue uno de los clubes que compitió en la Liga 2023. Foto @cdtolimafem |
"El reproche consistiría en que alinear las condiciones contractuales entre competidores puede generar una distorsión en el mercado, impidiendo que la dinámica de competencia se desarrolle”, se mencionó en la resolución, tras el análisis de 1.274 contratos. Una determinación que se suma a la tomada por el Ministerio de Trabajo, que conminó a la Dimayor y la FCF a negociar con Acolfutpro.
De acuerdo con la SIC, el objetivo de este presunto acuerdo entre competidores habría sido garantizar que la mayoría de las jugadoras únicamente recibieran el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, para las futbolistas consideradas top, tuvieran una remuneración de 4.500.000 pesos mensuales. Además de que no percibieran ingresos adicionales por conceptos de publicidad e imagen.
Además del conjunto de la 'Tierra Firme', están bajo la lupa de la Superintendencia los presidentes de la FCF, Ramón Jesurún, y de la Dimayor, Fernando Jaramillo; Jorge Enrique Vélez, anterior mandatario de esta entidad: y dirigentes de algunas de las instituciones implicadas, como Carlos Mario Zuluaga, Eduardo Méndez, Carlos Barato, Diego Fernando Perdomo y Óscar Ignacio Martán.
Adicionalmente, clubes como Atlético Nacional, América, Millonarios, Deportivo Cali, Junior, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Alianza Petrolera, Envigado Fútbol Club, Cortuluá, La Equidad, Cúcuta Deportivo, Atlético F.C., Once Caldas y Llaneros. Los cuales habrían caído en prácticas que van en contra de la legalidad del mercado, pues afectaban la libre competencia.
Al igual que Real Cartagena, Real Santander, Patriotas, Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Boyacá Chicó, Atlético Bucaramanga, Magdalena, Fortaleza, Atlético Huila, Orsomarso, Deportivo Pereira, y Bogotá F.C. Aunque en el caso de los dirigentes, se les acusa de haber infringido en la Ley 1340 de 2009, pues habrían colaborado para la configuración de dicho cartel en el fútbol colombiano.
De ser comprobadas las conductas, la SIC advierte que podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a cerca de $116.000.000.000 por cada infracción; y a las personas naturales que hubieran colaborado, hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales, equivalentes a $2.320.000.000. Contra la decisión de formular cargos no cabe ningún recurso.
Luego de conocerse la resolución que señala acerca de un supuesto cartel en el FPC, se pudo establecer que la Dimayor convocó a una asamblea extraordinaria, en la que se analizó el tema y se planteó la estrategia jurídica en este caso. La gravedad del asunto es tal que se ha especulado con una posible intervención de la FIFA, en un país designado para recibir la Copa del Mundo Femenina Sub-20.
Foto: Club Deportes Tolima