El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, informó que finalmente el Municipio no tendrá que devolver los $56.212 millones destinados por Coldeportes y la Gobernación del Tolima para los Juegos Nacionales 2015.
El mandatario, quien en todo caso había manifestado previamente su intención de no reintegrar los dineros al orden nacional y seccional, indicó que llegaron a un acuerdo para garantizar que los mismos serán invertidos en la terminación de los escenarios inconclusos.
"Los dineros que el Municipio tendría que entregar al tesoro nacional no se van a consignar hasta que se garantice que los rubros serán utilizados únicamente en la terminación de los escenarios", manifestó el Alcalde.
Recordemos que durante la audiencia pública informativa organizada por la Contraloría General de la República, el pasado viernes, el mandatario reveló que tanto Coldeportes como la Gobernación habían exigido la devolución de los recursos.
El ente deportivo nacional pedía la entrega de $45.631 millones, mientras $10.581 millones pretendían ser recuperados por la Gobernación. No obstante, los gobiernos departamental y nacional decidieron no solicitar la devolución de estos dineros.
Por el contrario, se comprometieron a trabajar de la mano con el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri) para recuperar los escenarios deportivos de los ibaguereños.
En consecuencia, la Administración cuenta actualmente con cerca de $69.000 millones para la ejecución de las obras, de las cuales ya se están radicando las primeras licencias de los escenarios priorizados tanto en la Unidad Deportiva de la 42 como en el Parque Deportivo.
Así se superó un impase que parecía poner en serio riesgo el proceso que, después de tres años, aún está a la espera de recuperar los espacios que la corrupción en la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez -hoy preso- le quitó a los ibaguereños.
Por último, Jaramillo dio a conocer que Coldeportes revocó la liquidación del contrato del estadio Manuel Murillo Toro de forma unilateral, debido a las inconsistencias legales que ello supondría y porque la decisión no fue socializada con la Administración Municipal.