El Juez Quinto Penal Municipal con función de garantías de Ibagué dictó este sábado medida de aseguramiento intramural contra el exalcalde de la ciudad, Luis H. Rodríguez y lo envió a la cárcel del municipio del Espinal.
La decisión fue dada a conocer hacia las 10:30 p.m. del sábado, después de más de 12 horas de audiencia que arrojaron grandes revelaciones sobre la forma en cómo desfalcaron los Juegos Nacionales 2015.
Esto pese al alegato del abogado defensor, Ricardo Calvete, quien manifestó que Rodríguez no tenía antecedentes penales y no mostró intención de evadir a la justicia, pues siempre residió en la capital musical.
Sin embargo, el juez fue enfático en señalar que el exalcalde conocía a la perfección el entramado criminal que se tejió para robarse el dinero de las justas y que además no hizo nada para evitar su accionar. Al contrario, al parecer fue partícipe activo en la repartición de recursos.
Esto pese al alegato del abogado defensor, Ricardo Calvete, quien manifestó que Rodríguez no tenía antecedentes penales y no mostró intención de evadir a la justicia, pues siempre residió en la capital musical.
Sin embargo, el juez fue enfático en señalar que el exalcalde conocía a la perfección el entramado criminal que se tejió para robarse el dinero de las justas y que además no hizo nada para evitar su accionar. Al contrario, al parecer fue partícipe activo en la repartición de recursos.
En su decisión, el togado desestimó mandar a Rodríguez a la cárcel de Picaleña de Ibagué, debido a que en este centro penitenciario se encuentran recluidos gran parte de los procesados y condenados en el detrimento de los Juegos Nacionales 2015.
Algunos de ellos, el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel y el exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre. Ellos dos considerados en su momento hombres de confianza de Luis H.
"El Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba, de esta ciudad, es el de mayor connotación de personas que a lo mejor cuando usted dirigió la parte de seguridad del municipio, pues sería el caso salvaguardar su vida", argumentó el juez.
Algunos de ellos, el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel y el exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre. Ellos dos considerados en su momento hombres de confianza de Luis H.
"El Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba, de esta ciudad, es el de mayor connotación de personas que a lo mejor cuando usted dirigió la parte de seguridad del municipio, pues sería el caso salvaguardar su vida", argumentó el juez.
Recordemos que Rodríguez no aceptó los cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
Sin embargo, el juez acogió la solicitud presentada por la Fiscalía Segunda Especializada de delitos contra la Administración Pública, que lo señaló responsable de las conductas punibles anteriormente mencionadas.
El testimonio de Jorge Alexander Pérez, 'El chatarrero', contratista de la Unidad Deportiva de la calle 42 y quien también está en Picaleña, fue clave en la determinación, pues comprometió al exmandatario local con el recibo de multimillonarias coimas.
Pérez también puso en la 'palestra' los nombres de los políticos Jhon Ésper Toledo, Mauricio Jaramillo y Óscar Berbeo, quienes también se beneficiaron a costa de las justas. El primero en sus aspiraciones a la Alcaldía; el segundo en el manejo de escombros de la Unidad Deportiva y el tercero en la venta de la concretera Boylam.
Foto: Jorge Cuéllar - El Nuevo Día
El testimonio de Jorge Alexander Pérez, 'El chatarrero', contratista de la Unidad Deportiva de la calle 42 y quien también está en Picaleña, fue clave en la determinación, pues comprometió al exmandatario local con el recibo de multimillonarias coimas.
Pérez también puso en la 'palestra' los nombres de los políticos Jhon Ésper Toledo, Mauricio Jaramillo y Óscar Berbeo, quienes también se beneficiaron a costa de las justas. El primero en sus aspiraciones a la Alcaldía; el segundo en el manejo de escombros de la Unidad Deportiva y el tercero en la venta de la concretera Boylam.
Foto: Jorge Cuéllar - El Nuevo Día