Miembros de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de
tropas del Ejército Nacional, ocuparon 157 bienes registrados a nombre de los
implicados en el multimillonario desfalco a los XX Juegos Deportivos Nacionales
y IV Paranacionales que se realizaron en el Tolima, como también de su círculo familiar.
De acuerdo con el ente investigador, las diligencias se
llevaron a cabo en Ibagué, Bogotá y los municipios de San Luis de Palenque y
Paz de Ariporo (Casanare), en donde fueron afectados cerca de 12 bienes
imuebles, nueve sociedades, 20 vehículos y 116 cuentas bancarias, cuyo avalúo
asciende a los 8.500 millones de pesos.
Entre los bienes que pasarán a proceso de extinción de dominio hay
oficinas de la multinacional española Typsa en la capital de la
República y algunas de sus filiales en el país.
Por su parte, en la capital tolimense se ocuparon diferentes bienes y cuentas, mientras que las poblaciones casanareñas pasaron a custodia
de la Fiscalía tres fincas.
Sin embargo, lo que llamó la atención de los efectivos
judiciales fue el exclusivo apartamento ubicado en el sector de El Chicó, norte
de Bogotá, que habría sido pagado con dineros que la empresa española recibió
para la construcción de los escenarios deportivos.
El lujoso inmueble fue entregado a presuntos testaferros del
abogado Orlando Arciniegas Lagos, quien fue el intermediario entre Typsa y el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, para la concesión del contrato de
estudios y diseños de los escenarios; por un valor aproximado a los $11.500
millones.
Según las evidencias de la Fiscalía, Arciniegas Lagos
realizó reuniones en ese apartamento para supuestamente pactar asuntos
relacionados con la desviación de los dineros públicos. Incluso durante varios
meses el bien, tasado en más de 700 millones de pesos, fue ocupado por la hija
del polémico letrado.
Estas medidas cautelares con fines de extinción de dominio
se desarrollan en cumplimiento del plan ‘Bolsillos de Cristal’, dispuesto por
la Fiscalía para combatir cualquier expresión de corrupción.
Los 157 bienes, que hacen parte solo de la primera fase del
descalfo que sufrió la capital tolimense en el mandato del exalcalde
Luis H. Rodríguez, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales
(SAE) para su administración.
Los procesados
Orlando Arciniegas Lagos: Fue sentenciado a 36 años de
cárcel, la condena más alta impuesta en el país por corrupción.
Carlos Heberto Ángel Torres: Ha tenido dos condenas, una de 12 años de cárcel por peculado, y otra de cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Wílmer Manchola Cano: Servía de puente entre
Arciniegas y Typsa, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se encuentra
privado de la libertad, en espera de una condena en su contra.
Jorge Orlando Navarrete Laverde: Jefe de licitaciones de
Typsa, recientemente solicitó a la Fiscalía la negociación de un preacuerdo y
aceptó su responsabilidad en el escándalo.
Gloria Inés Martínez Acevedo: Es sindicada de legalizar las dádivas que
entregaba Typsa, que internamente eran respaldas por la empresa con facturas y
cheques de supuestos pagos hechos a sus contratistas.
Luis Rodrigo Uribe: Gerente de Typsa en Colombia, colabora
con la justicia y narró los escenarios de corrupción que presenció al haber
sido eje de todas las movidas ilícita.
Con la información de la Fiscalía General de la Nación