Carlos Heberto Ángel, exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri, llegó este martes a un acuerdo con la Fiscalía 22 Seccional para el pago de cinco años y medio de prisión (66 meses), por lo que sería su participación en el multimillonario desfalco a los Juegos Deportivos Nacionales.
El exfuncionario negoció con el ente acusador la confesión de dos de los tres delitos que le fueron imputados: interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
En cuando al delito de peculado por apropiación, Ángel -recluido en la cárcel de Picaleña- ya había aceptado los cargos durante la audiencia de legalización de captura, celebrada el pasado 2 de noviembre; día en que decidió entregarse a las autoridades tras la orden que pesaba en su contra.
Pese a ello, el exgerente del Imdri no devolverá la mitad de los dineros que habría captado de forma ilegal por parte de la firma española Typsa, por la adjudicación del contrato de estudios y diseños de los escenarios para los Juegos Deportivos Nacionales. Suma que sería de $300 millones, según se conoció.
De acuerdo con el abogado defensor, Luis Alberto Viana, no era necesario que se incluyera la devolución de recursos, ya que su cliente había aceptado el delito de peculado; por el cual tendrá que esperar el tiempo de condena que cumplirá.
No obstante, para el abogado del Imdri, Rodolfo Salas, esto va en contra del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, debido a que en su concepto los tres delitos son conexos; es decir, guardan estrecha relación uno del otro, y por ello debía cumplirse tal condición.
"En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente", dice este artículo.
El preacuerdo de Ángel y la Fiscalía, que busca determinar responsabilidades en el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos en Ibagué, tendrá que pasar el control de legalidad del juez de conocimiento que se asigne a este caso.
Con la información de El Olfato