En un informe dado a conocer este viernes por Noticias Caracol, se revelaron detalles de lo que sería el preacuerdo entre el exsasesor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Orlando Arciniegas, y la Fiscalía General, tras la multimillonaria defraudación a los Juegos Deportivos Nacionales en la ciudad.
Arciniegas, capturado el pasado 12 de junio en el Puente Internacional de Rumichaca, cuando pretendía ingresar al país procedente de Ecuador, solo pagaría 10 años de cárcel y devolvería solo $720 millones 47 mil 976 pesos; para algunos irrisoria cuando se calcula que habría recibido el doble.
Esto por haber direccionado a favor de la firma española Typsa la adjudicación del contrato para los estudios y diseños de los escenarios que iban a albergar las justas en la capital tolimense; en una licitación donde solo hubo un solo oferente.
"El señor Orlando Arciniegas Lagos, asesorado por su apoderado de confianza y de manera libre, consciente y voluntaria indicó: 'Acepto el presente preacuerdo en los términos indicados", reza en el acta de preacuerdo divulgada.
Recordemos que el polémico abogado, quien se encuentra detenido en la cárcel La 40 de Pereira, fue imputado de los delitos de: lavado de activos, en calidad de coautor; enriquecimiento ilícito de particulares; concusión; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.
Solo por el delito de lavado de activos, Arciniegas hubiera recibido una pena mínima de 10 años, pero por su preacuerdo esta se redujo a la mitad: 5 años; en tanto que por los otros cinco delitos tendría que pagar 12 meses por cada uno de ellos.
Las dádivas
Según el informe dado a conocer por la Policía Nacional, Arciniegas "en forma directa solicitó el pago de la suma de dinero correspondiente al 16 por ciento" a la firma española Typsa, que al final se vio favorecida por la administración municipal con el contrato de 11 mil 500 millones de pesos.
Con ello, entre otras cosas, se compró un apartamento en Bogotá por valor de 695 millones 728 mil pesos, con la ayuda de Gloria Martínez Acevedo, de quien se supo es la esposa de Ivanhoe Ocampo, expropietario de la empresa textilera Grupo con Calidad, y Amaury Blanquiset Pretel, otro de los capturados por la Fiscalía.
Este dinero lo desembolsó Luis Rodrigo Uribe, representante legal de Typsa en Colombia, quien hoy es un testigo de este caso. Uribe habría tenido el beneplácito de la casa matriz de la firma, en España, para pagar esta coima.
"Para esa época, el señor Luis Rodrigo Uribe, representante legal de Typsa SAS ya le había informado a sus superiores en Typsa España que, para que Typsa Colombia fuera la elegida en el citado proceso contractual, debía cancelar lo que fue denominado como 'asesorías' y que correspondían a las dádivas que debían ser pagadas a los señores Orlando Arciniegas, como asesor externo de la alcaldía de Ibagué y el señor Wílmer Manchola Cano", se lee en el documento.
En el también se menciona cómo Carlos Heberto Ángel, exdirector del Imdri, habría participado en esta defraudación.
"El señor Orlando Arciniegas Lagos le indicó a los señores Carlos Heberto Ángel y Leonardo Alexander Valero sobre el pago del 4% por parte de una empresa española para que se direccionara el proceso de trámite y contractual del concurso de méritos, correspondiéndoles a ellos el 2% de dicto porcentaje", indica.
La postura del alcalde
Ante este controvertido preacuerdo suscrito por Arciniegas, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio a conocer su profundo malestar por esta situación.
"Creemos que 720 millones de pesos es una cifra muy baja (...) El señor Orlando Arciniegas tiene que decirnos quiénes son con los que hizo toda esta operación. No estamos satisfechos y el Municipio no aceptará este preacuerdo", manifestó el burgoamestre a Noticias Caracol.
Es preciso decir que el pasado 12 de julio Arciniegas pidió cancelar la audiencia virtual en la que se verificaría el preacuerdo, debido a que -según su apoderado, Samuel Duarte- no contaba con las garantías mínimas de seguridad para devolver el dinero obtenido tras la defraudación a los Juegos.
Fotos: El Nuevo Día - Suministrada